conflicto armado

1. Conflicto armado:
Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en la década de los años sesenta.

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El Bogotazo" y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.

Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda política.

Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país.

La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.

El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame.

Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos.

No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.

Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar.

Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas.

El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto.

El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de "quitarle el agua al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia.

De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas por las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados, masacres y acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil.