miércoles, 4 de noviembre de 2009

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Es la primera vez en la historia del mundo que se establece un tribunal internacional permanente. Esta corte es conocida también como Tribunal Penal Internacional (TPI). El 31 diciembre de 2000 se cumplió la fecha límite para suscribir el documento que la creó (Tratado de Roma). Entró en vigencia el 1 julio 2002, dos meses después de que el Estado número sesenta ratificó el Estatuto, el 11 de abril del mismo año.


La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, Holanda, y estará compuesta por 18 magistrados de países diferentes.

El Tratado fue firmado por 120 países el 17 julio 1998 luego de decenios de debates iniciados por juristas y otras personalidades judías, a raíz del genocidio en contra de ese pueblo por parte del Tercer Reich durante la segunda guerra mundial.

La nueva institución internacional, que busca contribuir a poner fin a la cultura de la impunidad, será el primer mecanismo judicial de carácter permanente que dará eficacia sancionatoria a las normas del DIH.

Tendrá una jurisdicción más amplia que el Tribunal de La Haya. Podrá investigar en el territorio donde se cometió el delito, para lo cual no necesitará autorización del Estado correspondiente. Podrá investigar y juzgar a individuos (no a Estados) acusados de cometer violaciones tan graves del DIH, que los crímenes dejan de estar sujetos al principio territorial del derecho penal. Son ellos el genocidio, los crímenes en contra de la humanidad y los crímenes de guerra (ver definiciones en el diccionario Para desarmar la palabra).

La Corte Penal Internacional no trata de establecer una legislación paralela: actuará solamente ante la ineficacia o la falta de voluntad del Estado competente para juzgar. No tendrá competencia retroactiva, ni juzgará los delitos de terrorismo o narcotráfico, ni podrá aplicar la pena de muerte. Nadie quedará exento de su responsabilidad criminal por cargo oficial, aún cuando éste pueda conllevar inmunidad según el Derecho Interno.

El proceso de aprobación resultó relativamente rápido. El 11 abril 2002, el Estado número 60 -entre los firmantes originales- anunció oficialmente ante la ONU la ratificación del Estatuto, con lo cual la Corte comenzó a funcionar. La ratificación implica que el país se compromete a armonizar sus leyes con la norma internacional.

El texto del Tratado podrá ser revisado y modificado únicamente a partir de 2009. Solamente siete países se opusieron en su momento a la creación de la Corte Penal Internacional: EU, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen. EU, Israel y Yemen firmaron el Tratado en diciembre de 2000

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